San Isidro fue uno de los primeros municipios del país en implementar un sistema de monitoreo con cámaras y móviles integrados. La idea —en su momento— fue clara: evitar que el delito ocurra, no solo investigarlo después.

Esa promesa, para muchos vecinos entre 25 y 30 años, hoy parece vaciada de contenido.
Los relatos se repiten: cámaras que captan incidentes, pero sin reacción del patrullaje. Móviles cercanos que llegan a la media hora. Reclamos que pasan por múltiples oficinas sin respuestas concretas. Según un informe elaborado por organizaciones vecinales, en al menos el 40% de los incidentes reportados en durante el último trimestre no hubo presencia municipal en el momento, a pesar de estar dentro de áreas monitoreadas.

“Lo vimos en la cámara de un domicilio privado. Tres personas, moto, arrebato. Se ve perfecto. Pero no vino nadie. Ni antes, ni durante, ni después. Y en teoría había una cámara del municipio en la esquina”, cuenta Alejo, 29 años.

La gestión actual sigue comunicando el uso de nuevas tecnologías y estrategias de “prevención inteligente”. Pero los datos no se condicen con la experiencia. La disfuncionalidad del sistema de seguridad no es solo una frustración: es una amenaza al proyecto de vida elegido.

Vecinos jóvenes comienzan a preguntarse si vale la pena invertir en una ciudad donde lo estructural deja de responder. Donde se anuncia, pero no se actúa. Donde se monitorea, pero no se protege.

La inseguridad no se mide solo por el hecho: se mide por lo que pasa después.
Y cuando el después es nada, el sistema pierde sentido.