Fraude a la obra social de estatales: 21 personas detenidas en Córdoba

A mediados de febrero, la fiscalía que lleva adelante el caso dispuso la detención de las primeras 15 personas involucradas. Están acusados de defraudación calificada
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 La investigación por la mega estafa contra la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) sigue avanzando y ya son 21 los detenidos en el caso, luego de que este jueves se confirmara el arresto de otros seis sospechosos. Todos los involucrados están imputados por el delito de defraudación calificada, en el marco de una maniobra fraudulenta que consistía en la falsificación de documentos de identidad (DNI) y recetas médicas, utilizadas para obtener medicamentos de alto costo destinados a pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes.

El caso, que es investigado por el fiscal José Bringas, se conoció en los primeros días de febrero con la detención de los primeros 15 implicados. De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal (MPF), la banda criminal operaba con recetas truchas que eran presentadas en farmacias para la obtención de insulina y tiras reactivas, elementos esenciales en el tratamiento de la diabetes. Así lo reveló el portal ElDoce.TV al igual que el último dato sobre los nuevos detenidos.

La investigación comenzó luego de que el Directorio de Apross presentara una denuncia tras detectar irregularidades en la prescripción de medicamentos. Según la presentación judicial, la organización confeccionaba recetas médicas falsas, tanto en formato papel como electrónico, con la intención de sustraer medicamentos destinados a tratamientos prolongados. Además de fármacos para la diabetes, la red también incluía medicamentos oncológicos, lo que amplía la magnitud del fraude.

Desde el Gobierno de Córdoba indicaron que las recetas fraudulentas se emitían a nombre de afiliados de Apross que estaban empadronados con alguna de estas patologías. Sin embargo, los propios afiliados desconocían que figuraban como beneficiarios de estos medicamentos, lo que dejó en evidencia el uso indebido de sus datos personales.

Los estafadores presentaban la documentación adulterada en diversas farmacias de la ciudad. Para acreditar la identidad de los afiliados, utilizaban fotocopias de DNI modificadas, donde alteraban nombres, números de documento y direcciones. Luego, dejaban un número telefónico para coordinar el retiro de los medicamentos una vez que estuvieran listos.

El Ministerio Público Fiscal y la Policía de Córdoba llevaron adelante una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia para dar con los responsables. En este sentido, las autoridades confirmaron que los procedimientos continúan en distintos puntos de la ciudad y no se descartan más detenciones en los próximos días.

Como parte de la investigación, solicitaron el registro de prescripciones médicas emitidas por determinados profesionales, incluyendo la identificación del número de IP de los dispositivos desde los cuales fueron generadas. Fue así como se pudo comprobar que una de las recetas investigadas fue emitida el 5 de enero del año pasado a nombre de un paciente que había fallecido, lo que encendió las alertas sobre un patrón fraudulento. Esta situación se repitió con varias otras recetas sospechosas, lo que llevó a retirar medicamentos de las farmacias involucradas y a profundizar la investigación sobre su rol en el esquema delictivo.

Las autoridades también lograron identificar domicilios vinculados a los integrantes de la organización. Durante los allanamientos, se incautaron elementos clave para el caso, como teléfonos celulares, impresoras, computadoras, documentos de identidad falsificados, sellos apócrifos, dinero en efectivo, una gran cantidad de medicamentos y recetarios fraudulentos. En total, se secuestraron 12 millones de pesos.

Si bien la investigación aún no ha determinado con exactitud desde cuándo opera esta banda, los primeros indicios sugieren que las actividades ilícitas se habrían extendido por al menos dos años. La estafa generó un impacto económico significativo, y se estima que el perjuicio para Apross podría ascender a 500 millones de pesos, una cifra que podría variar a medida que avance la causa.

Entre los 21 detenidos, se encuentra una enfermera de una clínica privada, cuyo rol dentro de la organización aún está bajo investigación. Su detención refuerza la hipótesis de que en la trama participaban personas con conocimientos en el ámbito de la salud, lo que facilitaba la confección y validación de las recetas truchas.
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