La escuela EEP 847 de Resistencia me quedó resonando mientras leía el proyecto de ley que duerme sobre la mesa de la Legislatura chaqueña. No porque el texto la nombre, claro está, sino porque en esos patios donde se mezclan alumnos de familias qom, criollas y de barrios como Villa Don Enrique o Villa Ávalos es donde, muchas veces, una crisis de salud mental se ve por primera vez. Una mamá que ya no duerme, un pibe que dejó de ir a clase, un abuelo que dejó de hablar. Y desde ahí, hasta encontrar un profesional, hay kilómetros de distancia. Eso es lo que el proyecto de Red Provincial de Salud Mental Comunitaria intenta empezar a discutir en serio.

La iniciativa, que ya cuenta con estado parlamentario, no propone construir desde cero un sistema que no existe, sino algo bastante más realista y por eso más interesante: poner en orden lo que ya está. Hoy funcionan en la provincia dispositivos, programas y profesionales dispersos, con lógicas distintas según el efector y la región. La idea es agruparlos en una estructura provincial única, dividida en nodos regionales que se correspondan con las regiones sanitarias existentes, y darles reglas de juego comunes.

Cómo se organizaría la red si la ley se aprueba

• Cada nodo regional deberá relevar la población a cargo, los servicios disponibles y las barreras de acceso que hoy existen.
• Se incorporarán de manera progresiva equipos interdisciplinarios con psicólogos, psiquiatras, enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y acompañantes terapéuticos.
• Se prevén consultas ambulatorias, visitas domiciliarias, intervenciones en crisis y seguimiento posterior a internaciones.
• Se crearán centros comunitarios, hospitales de día, espacios de rehabilitación psicosocial y dispositivos de acompañamiento familiar, con foco en la integración educativa, laboral y social.

El corazón de la propuesta, me animo a decir, no está en los nodos sino en lo que pasa después. El proyecto obliga, para los casos que lo requieran, a elaborar un Plan Individual de Cuidados, con un equipo responsable asignado y un abordaje que contemple a la familia y al barrio. Es un cambio de lógica: el sistema deja de atender el momento agudo y desentenderse, para hacerse cargo del recorrido. En un territorio donde las distancias entre localidades se miden en horas de colectivo y donde conseguir un turno con un especialista puede llevar meses, esa continuidad puede ser la diferencia entre una internación y un regreso a la casa con acompañamiento.

En materia de urgencias, la iniciativa plantea una estrategia provincial de atención de crisis que funcione las 24 horas, los 365 días del año. Cada región deberá definir protocolos para recibir consultas, evaluar al paciente, actuar ante situaciones de riesgo y, sobre todo, garantizar que el seguimiento no se corte. La prevención del suicidio aparece como otro eje específico: se propone integrar los programas provinciales vigentes, priorizar el seguimiento de personas en riesgo y desarrollar acciones de posvención para quienes transitan duelos por estas situaciones. El proyecto contempla, además, capacitación obligatoria para los trabajadores de los servicios involucrados.

Si el texto se transforma en ley, el Ministerio de Salud chaqueño tendrá 180 días para presentar un plan de implementación con metas a cinco años. Y acá es donde, como vecina y como periodista, me permito mirar con cuidado: una ley de estas características sin presupuesto cierto, sin plantas profesionales garantizadas y sin indicadores públicos de cumplimiento termina siendo, en el mejor de los casos, una declaración de buenas intenciones. El Chaco tiene antecedentes de normas largamente debatidas que, una vez sancionadas, quedaron a la espera de un decreto que nunca llegó o de partidas que se ejecutaron a medias.

Por eso, más allá de celebrar que el tema se instale en la agenda legislativa, lo que sigue faltando es lo de siempre: precisiones sobre cuánto costará sostener estos equipos en ciudades como Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata o Juan José Castelli, donde los padecimientos mentales se cruzan con la pobreza estructural, con el desarraigo y con el consumo problemático de sustancias. Mientras esa discusión no se abra en paralelo al debate en comisiones, la Red Provincial de Salud Mental Comunitaria corre el riesgo de quedar como un mapa muy detallado de lo que el Estado chaqueño debería hacer, sin las herramientas concretas para hacerlo. Y los barrios, otra vez, esperando.