La causa 1452/2024, radicada en el Juzgado Federal 3 de Rosario, quedó esta semana a un paso de las primeras detenciones. Cinco fiscales federales pidieron el arresto de un grupo de exdirectivos y testaferros vinculados a Terminal Puerto Rosario (TPR) por integración a una red de lavado de dinero con ramificaciones en España y Estados Unidos.

El contador ya condenado

El eje de la acusación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR. En 2023, el Tribunal Oral Federal 2 lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. De acuerdo con el expediente, Shanahan operaba desde una financiera en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, y proveía dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento de octubre de 2021 secuestró en ese local más de 34 millones de pesos, divisas extranjeras, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego.

El origen del dinero

La pesquisa actual agrega una segunda capa. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros transferidos por una firma offshore vinculada a Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat de Cataluña. Ese capital fue inyectado a una sociedad local y utilizado para financiar el crecimiento de la concesionaria. La justicia española, en un fallo confirmado en 2021, declaró ilícito el patrimonio de la familia Pujol y lo vinculó a comisiones y sobornos ligados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas.

Cómo funcionaba el esquema

• Paso uno: el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria.
• Paso dos: entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, lo que transformaba el activo: lo que había entrado como inversión salía como precio de venta.
• Paso tres: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que transfirió a Shanahan unos 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en Estados Unidos.

Para esa última etapa, los fiscales señalan al menos diez contratos de préstamo entre firmas del grupo, en los que se depositaban cheques y se retiraba el efectivo de inmediato, con el único fin de darles apariencia lícita a los fondos. El embargo preventivo solicitado sobre los bienes de los imputados alcanza los 100 millones de dólares. La próxima audiencia quedó pendiente de confirmación por parte del juez interviniente.