La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una norma que establece el acceso gratuito al servicio de subterráneos para jubilados y pensionados que perciban hasta 2,5 haberes mínimos previsionales y tengan domicilio acreditado en territorio porteño, según consta en el texto sancionado. El mecanismo previsto elimina el requisito de la credencial especial y, en su lugar, dispone que el viaje se habilite apoyando el documento nacional de identidad en los molinetes adaptados para tal fin.

Alcance, requisitos y operatoria

El beneficio, de acuerdo con lo establecido por la ley, se extiende también al personal retirado de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de Seguridad que resida en la Ciudad y verifique el mismo tope de ingresos. La cobertura no fija restricciones de día ni de horario: el acceso queda habilitado durante todo el tiempo en que el servicio se encuentre operativo, lo cual marca una diferencia operativa concreta respecto de esquemas anteriores que limitaban la gratuidad a franjas específicas.

• Beneficiarios: jubilados, pensionados y retirados de Fuerzas Armadas y de Seguridad con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
• Tope de ingresos: hasta 2,5 haberes mínimos previsionales.
• Identificación: DNI apoyado en el molinete, sin credencial ni tarjeta adicional.
• Vigencia: cinco años, con renovación sujeta a mantener residencia y nivel de ingresos.
• Tramitación: sedes comunales, con DNI, comprobante de domicilio y constancia de ingresos previsionales.

El trámite de alta se concentra en las sedes comunales, donde la administración porteña recibirá el DNI, el comprobante de domicilio en la Ciudad y la constancia que acredite el nivel de ingresos previsionales. Con esa documentación, el Gobierno de la Ciudad procederá a registrar al beneficiario en el sistema y a habilitar el acceso correspondiente, de modo que el pasajero pueda luego validar su ingreso mediante el documento en el molinete.

Aunque la ley ya quedó sancionada, su entrada en vigencia plena depende de la reglamentación, que según el propio texto deberá completarse en un plazo máximo de sesenta días. Esa etapa definirá los puntos de validación, la operatoria técnica en cada estación y la fecha precisa a partir de la cual el beneficio empezará a estar disponible para su uso efectivo por parte de los beneficiarios.