Empiezo por la sala de espera del Hospital Neuropsiquiátrico de La Plata, esa mole de techos altos y pasillos largos que muchos platenses cruzamos alguna vez con un familiar del brazo, o de la mano de un hijo. Ahí, en ese edificio que el barrio de Tolosa siente como propio desde hace décadas, se refleja lo que los números fríos del último informe nacional sobre salud mental vienen a confirmar: la demanda no para de crecer y el sistema público empieza a quedar chico. Las consultas ambulatorias por problemas de salud mental aumentaron 23% en el último año en la Argentina, y las internaciones se dispararon 42% entre 2023 y 2026, con un salto adicional del 12% solo en los últimos doce meses. No son cifras aisladas ni de un laboratorio: salen de un relevamiento federal coordinado por la Universidad Nacional de Lanús, con información aportada por las máximas autoridades sanitarias de 14 provincias.

Una foto federal que falta en el pizarrón nacional

Las jurisdicciones que aportaron datos son Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En conjunto, representan más del 70% de la población argentina. También participaron del encuentro Entre Ríos y Río Negro. Es, hasta ahora, la foto más completa que tenemos de cómo viene creciendo la demanda en el país, en un área donde durante años reinó la desinformación y las planillas a medio completar.

El cuadro tiene dos rasgos que me llaman la atención y que los propios ministros provinciales remarcaron ante el Senado. Por un lado, hay mayor demanda de atención de niñas, niños y adolescentes. Por otro, se multiplican las consultas de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas y cayeron al sistema público, un dato que corre en paralelo al deterioro del salario real y del empleo formal. En la provincia de Buenos Aires, el 30% de las consultas en las guardias hospitalarias ya corresponde a problemas de salud mental. Una de cada tres personas que llegan a una guardia en territorio bonaerense lo hace por un padecimiento de este tipo. Eso reconfigura por completo el funcionamiento de los hospitales públicos.

Lo que se hizo, lo que alcanza y lo que falta

• Entre 2021 y 2026 se incorporaron al menos 388 nuevas camas de salud mental en hospitales generales de todo el país.
• Trece de las 14 provincias relevadas ampliaron sus redes comunitarias con centros de día, equipos territoriales, viviendas asistidas y dispositivos específicos para el abordaje de consumos problemáticos.
• A pesar de esa expansión, las propias autoridades provinciales reconocieron que esas capacidades están "sobreexigidas" frente a una demanda que no cesa.
• Existen dificultades serias para completar equipos con disciplinas críticas, como psicología, psiquiatría, trabajo social y enfermería especializada.
• Las provincias reclaman aumentar la inversión, ampliar infraestructura y recursos humanos, garantizar el acceso a medicamentos y producir información epidemiológica nacional de calidad.
• También piden recuperar una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios, que en los últimos años funcionó más por inercia que por política activa.

Este informe llegó al Senado en el peor momento posible, o en el mejor, depende de cómo se lo mire. Es que el Congreso está debatiendo una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, vigente desde 2010, y las autoridades provinciales no ahorraron críticas: plantearon que la propuesta "elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos". Es, ni más ni menos, el corazón del debate: si se desregula sin asegurar antes los recursos, el resultado será más demanda, menos camas y familias desesperadas dando vueltas por guardias que ya no dan abasto.

“Las provincias dicen, textual, que la reforma tal como está planteada elimina marcos y garantías sobre los que se sustenta la política de salud mental, sin incorporar el financiamiento necesario para ampliar la capacidad de respuesta de los sistemas públicos.”Autoridades sanitarias de las 14 provincias relevadas, en la presentación ante el Senado

Quiero ser clara con quien me lee: este no es un tema de especialistas hablando entre especialistas. Es un tema que toca la mesa familiar, la escuela del barrio, el club, el colectivo de la madrugada. Cuando uno conversa con vecinos del casco urbano de cualquier ciudad del interior, la respuesta se repite: "Conseguir un turno con un psiquiatra en el hospital público demora meses". Los centros de día que aparecieron en estos años son un avance, pero no llegan a todos los municipios. Las viviendas asistidas, todavía menos. Y los dispositivos para consumos problemáticos, en muchos casos, dependen de voluntades individuales más que de políticas estables.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Cada año, más consultas, más internaciones, más guardias saturadas. El municipio, cuando se lo consulta, suele responder que la salud mental es prioridad, pero las prioridades que no se traducen en presupuesto, en equipos profesionales y en coordinación con la provincia terminan siendo declaraciones de buenas intenciones. Lo que sigue faltando, y este informe lo deja por escrito, es lo más básico: información epidemiológica nacional de calidad, financiamiento sostenido, recursos humanos suficientes y una ley que no retroceda en las conquistas de la última década. La crisis de salud mental no espera al debate parlamentario. Empieza cada mañana en la sala de espera de cualquier hospital público de la Argentina.