Dos jubilados británicos destapan décadas de aguas residuales vertidas en ríos y costas

Todo empieza con algo casi imperceptible. Dos vecinos jubilados notan que el río Windrush, en los Cotswolds, presenta una turbidez que no recuerdan haber visto antes, y esa inquietud local termina abriendo una investigación que abarca todo el país. La miniserie, titulada “Negocios turbios”, es un drama de tres episodios basado en hechos reales que sigue esa búsqueda paso a paso, con la sensación de que cada respuesta deja una pregunta más incómoda.

Dos vecinos que no se quedan quietos

Ashley Smith, un expolicía interpretado por David Thewlis, y Peter Hammond, un profesor de matemáticas jubilado que encarna Jason Watkins, son los protagonistas. Las explicaciones de la compañía de agua responsable no los convencen, y deciden avanzar por su cuenta. La experiencia policial de uno y la capacidad del otro para analizar grandes volúmenes de datos les permiten identificar patrones que revelan un problema de escala nacional, que afectó ríos y costas en todo el Reino Unido.

La ficción incorpora imágenes reales grabadas por activistas y alterna la investigación principal con otras líneas temporales. El drama, dirigido por Joseph Bullman, sitúa el origen del problema en la privatización del sector del agua en 1989, desde cuando las empresas pasaron por sucesivas operaciones de compraventa mientras sus infraestructuras acumulaban años de inversión insuficiente.

Una niña, una playa y un veredicto

Una de las líneas retrocede a 1999 y sigue a Mark y Julie Preen, que viajan con sus hijas a Dawlish, en Devon, para pasar las vacaciones en una playa que en ese momento tenía distinción de calidad del agua. La hija de ocho años, Heather, entra en contacto con agua contaminada por un vertido visible en la orilla y muere dos semanas después por una infección causada por la bacteria E. coli O157. El caso no llegó a esclarecerse por completo, y el veredicto determinó que la muerte fue accidental.

Autocontrol, multas y sueldos

Otra línea temporal ubica el relato en 2008, cuando el organismo regulador ambiental comenzó a trasladar a las propias compañías de agua parte de la responsabilidad de detectar incumplimientos, mediante un sistema de autocontrol. La serie muestra cómo esa decisión afectó la capacidad de fiscalización estatal. También aborda la relación entre los reguladores y las empresas supervisadas, el nivel de las multas aplicadas y las remuneraciones de algunos directivos del sector.