El Gobierno extendió hasta 2027 el régimen que compatibiliza empleo rural temporario y planes sociales

Alrededor de 50.000 trabajadores rurales temporarios y unas 83.000 personas del grupo familiar mantienen hasta el 1 de septiembre de 2027 la posibilidad de acceder a un empleo registrado sin perder los planes sociales que perciben durante el resto del año, según surge del Decreto 1204/2026 publicado esta semana en el Boletín Oficial. La medida renueva por un período de doce meses un régimen que se encuentra en vigor desde 2021 y que, en la práctica, resolvió una disyuntiva histórica del trabajo estacional agropecuario.

En términos concretos, la norma alcanza a quienes se desempeñan bajo las modalidades de empleo temporario o permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a los trabajadores comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial. En todas estas situaciones, el ingreso a una campaña agrícola no implica la baja automática de las asignaciones familiares, de la Tarjeta Alimentar ni del programa Volver al Trabajo, siempre que se cumplan las condiciones de cada beneficio.

Un piso de ingresos para los hogares con hijos

Un punto sensible para la economía de las familias involucradas es el que fija el artículo que regula las asignaciones familiares en el marco de estos contratos. El decreto establece que esas prestaciones no podrán ser inferiores al ciento por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo, lo que configura un piso de ingresos que se sostiene con independencia de la duración de la temporada. De este modo, el régimen garantiza un umbral mínimo al grupo familiar aun cuando la relación laboral formal concluya al cabo de unas pocas semanas, como ocurre con frecuencia en la vendimia, la cosecha de citrus o la zafra de distintos cultivos regionales.

La letra del decreto incorpora, además, una cláusula para los casos en que la contratación se extienda de manera continua por más de seis meses. En ese escenario, ciertos componentes monetarios de los programas sociales, con excepción de la Tarjeta Alimentar, pasan a computarse como parte del salario. Se trata, según la lectura que hacen los técnicos de la seguridad social, de un puente diseñado para facilitar la transición del trabajador desde el empleo estacional hacia un puesto registrado de carácter permanente, sin que el salto implique una pérdida inmediata del ingreso total que percibia el hogar.

• Asignaciones familiares: se mantienen durante toda la contratación, con un piso equivalente a la AUH.
• Tarjeta Alimentar: se conserva incluso cuando la relación laboral se prolonga por más de seis meses.
• Volver al Trabajo: permanece según las condiciones del programa para cada trabajador.
• Reducción de contribuciones patronales: los empleadores acceden a un incentivo para registrar al personal temporario o permanente discontinuo.
• Convenios de Corresponsabilidad Gremial: quedan expresamente alcanzados por el régimen.

El sector empleador dispone, en forma paralela, de una reducción de las contribuciones patronales aplicable a las contrataciones bajo estas modalidades, un incentivo orientado a profundizar la registración laboral en un segmento donde, según distintas estimaciones privadas, la informalidad todavía supera con holgura los promedios del mercado de trabajo urbano. La combinación de beneficios para el trabajador y menores costos para el empleador es la arquitectura que, desde 2021, permitió acercar oferta y demanda de mano de obra en actividades atravesadas por la estacionalidad, como la vitivinicultura, la fruticultura y la producción cañera.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental para sostener el empleo registrado en las economías regionales y para que miles de familias puedan planificar su temporada con previsibilidad.”UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores)

En la previa a la renovación, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había advertido que unos 120.000 puestos de trabajo en distintas ramas agropecuarias del país quedaban en riesgo mientras la continuidad del régimen no estuviera formalizada. La firma del decreto despejó esa incertidumbre, al menos hasta septiembre de 2027, y devolvió margen de planificación tanto a los empleadores como a los trabajadores que anualmente evalúan la conveniencia de sumarse a una cosecha formal sin resignar los ingresos que perciben durante el resto del calendario.

La mirada comparativa con la temporada anterior, en este punto, es elocuente: en la vendimia 2024-2025, diversos informes del sector habían señalado que la falta de certezas sobre la prórroga del régimen había retrasado acuerdos paritarios y complicado la firma de contratos en bodegas y viñedos, sobre todo en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta. Con la renovación ya oficializada, los actores del sector cuentan con doce meses por delante para calibrar incentivos, escalas salariales y planificación de personal.

Para la próxima cosecha, las variables a observar serán tres: la cantidad de trabajadores efectivamente registrados bajo las modalidades alcanzadas por el decreto, la evolución del salario real de los jornaleros y la respuesta de los programas sociales a las liquidaciones acumuladas, en especial en aquellos casos donde la contratación supere los seis meses de continuidad. Esos indicadores permitirán medir si el régimen sigue operando como un puente hacia el empleo formal pleno o si, por el contrario, comienza a consolidarse como un esquema estabilizado de convivencia entre trabajo estacional y asistencia del Estado.